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Nota de prensa enviada a los medios de comunicación el 9 de Abril.

Exigimos la revocación inmediata del permiso de investigación minera Astur A. Por la incompatibilidad de las normas urbanísticas vigentes en los concejos afectados con los trabajos del permiso de investigación, por el secretismo administrativo intencionado y por la gravedad de las informaciones aparecidas en prensa que afectan directamente a la gestión de los permisos de investigación minera en el Principado de Asturias. Dichas informaciones aumentan notablemente nuestra preocupación por la manera en que se facilitan a las empresas mineras actuaciones al margen de la ley.

Tras haber solicitado reuniones a todos los grupos de la Junta General del Principado de Asturias que votaron a favor de revocar el permiso Astur A en la PNL del día 15 de noviembre de 2024, la plataforma vecinal Salvemos Peñamayor hemos mantenido hasta ahora encuentros con los grupos políticos de Convocatoria por Asturies, Covadonga Tomé y Foro Asturies.

Les hemos trasladado tres cuestiones fundamentales para la plataforma en estos momentos:

1

Las normas urbanísticas de los ayuntamientos afectados (Bimenes, Llaviana, Nava y Piloña) son incompatibles con los trabajos del permiso de investigación minera Astur A y por lo tanto impiden su desarrollo.

Tanto una posible explotación minera en la sierra de Peñamayor como todos los trabajos previstos en el vigente permiso de investigación Astur A son actos sujetos a licencia considerados o asimilables a una industria extractiva de la sección C. Y las industrias extractivas de la sección C son usos incompatibles o directamente prohibidos en gran parte de las cuadrículas de Astur A. Esta incompatibilidad entre los trabajos de investigación de Astur A y las normativas municipales pone en evidencia que Asturmet no podrá desarrollar los trabajos de investigación con los permisos municipales correspondientes. Lo que da lugar a que o bien tratará de saltarse las normativas municipales, como tal vez ya esté haciendo, o bien acabará efectuando una reclamación económica al Principado de Asturias, lo que podría suponer un desembolso de dinero público.
2

La Consejería de Transición Ecológica, Industria y Minería, y la Dirección General de Energía y Minas, están actuando con secretismo y mala fe con el objeto de ocultar información relevante tanto para las administraciones locales, los vecinos y vecinas afectados e incluso para los grupos parlamentarios, como así se nos ha manifestado.

Desde todos estos ámbitos se está reclamando acceso al plan de labores que permite conocer el tipo de trabajos de investigación que presumiblemente se han estado llevando a cabo en Peñamayor sin permisos municipales. A punto de cumplirse el primer año desde el otorgamiento en mayo de 2024, no se tiene ningún tipo de información sobre el avance del permiso de investigación. El tiempo corre y la opacidad e intranquilidad aumenta.
3

Que se haga todo lo posible para avanzar en el cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada por la Junta General del Principado que insta al Gobierno a revocar el permiso de investigación Astur A.

Consideramos que en la actualidad existe base técnica y legal para ejecutar dicha revocación y que la extensión en el tiempo del permiso Astur A implica un aumento de las posibles reclamaciones económicas que pueda pedir la empresa Asturmet.

A toda esta situación de indefensión a la que nos estamos enfrentando desde que montamos la Plataforma vecinal Salvemos Peñamayor que señala una connivencia de la administración autonómica en favor de intereses empresariales de dudosa ética y honestidad contra intereses vecinales en defensa del territorio y el medio ambiente, hay que sumar ahora la cascada de informaciones aparecidas en prensa que se han venido sucediendo desde el accidente mortal de la mina de Zarréu.

Estas informaciones sacan a la luz unas prácticas administrativas en relación con los permisos de investigación minera (1) directamente relacionadas con nuestra experiencia con Astur A. Estas prácticas, cuando menos negligentes, facilitan a las empresas mineras saltarse la normativa vigente.

Entre las muchas informaciones realmente preocupantes sobre la gestión opaca y fraudulenta de estos permisos de investigación hemos conocido también que Santiago Berjano Serrano, Jefe del servicio de minas del Principado de Asturias y firmante del otorgamiento de Astur A, tiene abierto un procedimiento judicial por falsificación de documento público. En dicho procedimiento está llamada a declarar como testigo la actual consejera Belarmina Díaz.

Todo este contexto nos lleva a insistir en la necesidad imperiosa de exigir transparencia en los actos administrativos para garantizar una adecuada participación ciudadana y vecinal en asuntos que nos afectan tan directamente. Tratando de impedir así la impunidad con la que operan las empresas mineras frente a los incumplimientos de leyes y normativas.

Y a reforzar nuestra principal exigencia: la revocación del permiso de investigación minera Astur A.

¡Salvemos Peñamayor!

1. Según la legislación española: ley 22/1973, de 21 de julio, de minas y el 73 y el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la minería no existe la figura de permiso de investigación complementario. Y todos los permisos de investigación otorgados han de ser publicados en el BOE o en el BOPA.

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