El portavoz parlamentario de FORO Asturias, Adrián Pumares, interpeló en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, celebrado el día 12 de noviembre, a la Consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, para que informe a la sociedad asturiana sobre cuantos, cuáles y donde son los proyectos de investigación minera, dándole a conocer que no se quedó satisfecho con las respuestas a sus preguntas de hace dos semanas sobre el proyecto Astur A, que ha generado enorme preocupación y la mejor prueba es que al día siguiente se debatiría una Proposición No de Ley presentada por sus socios de gobierno para revocar la Resolución de Otorgamiento del proyecto.
Afirmó que es una operación claramente especulativa que genera mucha incertidumbre y patrocinar la especulación desde el Consejo de Gobierno no es algo positivo para Asturias. Recordó también que sería prácticamente imposible negar la explotación una vez que se encuentren recursos rentables y recordó la afirmación de la Consejera de que la investigación era únicamente para saber qué se podría encontrar, una curiosidad. En ese caso, le recordó el Sr. Pumares se habría encargado a la Universidad esa investigación y no a una filial de una empresa extranjera.
Continuó la exposición recordando a la Consejera Roqueñí que no se sabe si habrá níquel o cobalto, pero lo que sí hay seguro es agua, la que beben los vecinos incluso de Gijón, la que beben los animales y riega los pastos y los cultivos, el agua que embotella Fuensanta y que se obtiene de Peñamayor. Resulta sorprendente que la Consejera haya hecho hincapié en la riqueza del agua, se haya hablado en la Cámara de hacer una Ley del Agua, que se haya dedicado el stand de la Feria de Muestras de Gijón al agua para luego poner en riesgo ese agua con el proyecto minero de Peñamayor.
Siguió recordando a la Consejera que el procedimiento fue objeto de una gran opacidad puesto que, a pesar de publicarse en los boletines oficiales y colgarse el anuncio en los tablones de edictos, ni la Consejería ni los Ayuntamientos informaron adecuadamente a los vecinos que tuvieron que enterarse por una noticia en un periódico y que, poniendo dinero de sus bolsillos, se han visto en la necesidad de emprender acciones legales contra la Resolución de Otorgamiento de la Consejería, habida cuenta de que los recursos fueron rechazados.
Terminó su intervención preguntando a la Consejera si ella misma o alguien del Consejo de Gobierno tiene algún tipo de relación con alguna empresa minera que desarrolle su actividad en el Principado de Asturias.
En su respuesta la Consejera resume el artículo 10 del Decreto 86/2023 de 18 de agosto por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico en lo referente a las funciones del Servicio de Minas. Continúa leyendo el artículo segundo, punto 1de la Ley de Minas para recordarnos que los recursos minerales y geológicos son de dominio público. Pasa por el artículo tercero para ilustrar la clasificación de yacimientos minerales, continúa con el artículo cuarenta y tres para aclarar que es necesario el otorgamiento previo del permiso correspondiente, para concluir con un resumen del artículo 10, punto 31 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias en lo relativo a las competencias sobre las industrias sujetas a la legislación de minas y un nuevo repaso al articulado de la Ley de Minas para ilustrarnos sobre los procedimientos que se siguen para el otorgamiento de los distintos permisos.
Tras ese paseo por el ordenamiento jurídico de minas y minerales, responde a una de las preguntas del Sr. Pumares informando de que existen en la actualidad veinticinco permisos de investigación activos, de los cuales dieciséis son de minerales, ocho se orientan a roca y minerales industriales y uno a hulla. Además existen dieciocho solicitudes de permisos de investigación, catorce de los cuales están orientados a yacimientos metálicos, tres para arcilla y caolín y uno para geotermia. De esta exposición se desprende que hay dieciséis permisos ya concedidos y catorce pendientes de otorgamiento. En total treinta nuevas posibles minas metálicas.
Al final de su intervención justificó la necesidad de la obtención de minerales para desarrollar la potencia industrial del Principado y la necesidad de dichos minerales para realizar una transición ecológica ¿? sin depender de otros países donde no se cumplen los estándares de seguridad que tenemos en la UE. Informa que la industria minera en el Principado de Asturias emplea a unas 1.800 personas en 84 explotaciones, lo que arroja una media de 21 trabajadores por explotación. Cabe recordar que Fuensanta tiene una nómina de casi cincuenta empleados directos.
En su turno, el Sr. Pumares le recuerda que no le responde ahora, ni tampoco lo hizo hace dos semanas, a la falta de transparencia en torno al proyecto, a la idoneidad de la empresa encargada de la investigación, que es una filial con tres mil euros por capital y pregunta a la Consejera si puede garantizar que podría afrontar cualquier daño que pudieran provocar en Peñamayor. Vuelve a incidir en la importancia del agua y el interés que suscitaba en el stand de la Feria de Muestras para ahora olvidarse de ese bien y de la posibilidad de contaminar el agua de consumo.
Respecto al perímetro de la concesión, recuerda el Sr. Pumares que fue objeto de modificación y que muy probablemente tenga que volver a serlo. Insiste en la falta de solvencia, recursos y experiencia de la empresa concesionaria y le pide que garantice a los vecinos que habrá una respuesta rápida y efectiva para reparar los daños que puedan ocasionar. Pone en contexto la actuación de la empresa afirmando que, una vez que encuentren minerales, venderán los derechos de explotación a compañías mineras. Es por eso que desde la Consejería se está patrocinando la especulación y favoreciendo que una empresa sin experiencia y sin garantías realice pruebas en un entorno de alta sensibilidad, pidiéndole además una fianza claramente insuficiente.
En su turno de respuesta la Consejera ruega al Sr. Pumares que no arroje sombras de duda sobre un procedimiento reglado que conlleva una revisión, que hacen los funcionarios del Servicio de Minas, para verificar, desde el punto de vista técnico, que los trabajos que se van a acometer son acordes al permiso concedido y también tras acreditar el depósito de una fianza. Olvida señalar que la fianza que se ha solicitado es de solamente 2.434€.
Vuelve a afirmar que el procedimiento de información pública, consistente en publicaciones en boletines oficiales y tablones de anuncios, fue adecuado por tanto no se le puede acusar de falta de transparencia. No explica el hecho de que ningún vecino de los cuatro concejos afectados tuviese conocimiento del interés de una empresa irlandesa por los recursos de Peñamayor. Describe el plan de labores, consistente en tres años de exploración y cartografía con sondeos en el último año. También anuncia la existencia de un plan de restauración e insiste en que en su momento, es decir al tercer año se hará informe de Patrimonio cultural y otro de impacto ambiental que debería existir antes de haber dado el Permiso de Investigación.
¡ SALVEMOS PEÑAMAYOR !
