Cuando los vecinos de Bimenes, Laviana, Nava y Piloña supimos, a finales de junio, el otorgamiento de un permiso de investigación en Peñamayor, empezamos a intentar averiguar qué había pasado y cómo era posible que nadie supiera nada, ni hubiera tenido noticias de algo tan relevante. Los Ayuntamientos no daban ninguna información y poco a poco empezaron a encontrarse en el BOPA los antecedentes y supimos que el permiso había sido solicitado en 2018, que se admitió en 2021 y se otorgó en mayo del 2024.
Algunos vecinos empezaron a leerse leyes, reglamentos y normativa en general para descubrir que la cosa era más peligrosa de lo que nos pretendían hacer creer: estábamos en manos de una compañía que puede, si le resulta rentable, “reventar” Peñamayor para extraer todo el mineral que puedan vender.
La parte más dolorosa para los vecinos de los cuatro concejos afectados es que en 2021, aparte de no informarles adecuadamente de lo que se venía encima, los ayuntamientos no hicieron ninguna alegación en contra. Ante las reclamaciones de los vecinos, los cuatro alcaldes se limitaron a sacar un comunicado conjunto, afirmando que no se iba a hacer ninguna mina. De no ser porque las Leyes dicen lo contrario, esto nos hubiera tranquilizado, pero la falta de argumentos que no sea “porque yo lo digo” y la negativa a responder a preguntas directas causó todavía más intranquilidad entre los vecinos.
Después tuvimos que escuchar que, según el Plan Urbanístico, de rango local, es terreno protegido, que no se pueden hacer minas a cielo abierto, que no pueden subir camiones ni maquinaria de gran tonelaje, que el alcalde no va a dejar que eso se haga …… y es inevitable pensar: ¿Por qué no hicieron esas alegaciones en su momento? ¿Alguien lo leyó o se limitaron a colgarlo en el tablón de edictos? ¿Acaso desconocen los alcaldes que la Ley de Minas, de rango estatal, obliga a dar permiso de explotación en cuanto la empresa acredite que puede explotar el mineral que hay?
A finales de agosto dos grupos políticos del Ayuntamiento de Laviana firmaron un escrito solicitando que se discuta en el Pleno una moción para instar al Gobierno del Principado a que revoque la resolución de otorgamiento y reconocen que no se informó adecuadamente a los vecinos; efectivamente en el Pleno se tomó el acuerdo de rechazar el permiso otorgado por la Consejería, afirmando que lo van a recurrir.
La pregunta sigue siendo: ¿Por qué no hicieron alegaciones?
María
