El portavoz parlamentario de FORO Asturias, Adrián Pumares, ha preguntado en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, celebrado el día 29 de octubre, al Consejo de Gobierno, representado por la Consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, sobre si está siendo transparente en relación con los sondeos mineros en la sierra de Peñamayor, a lo que la Consejera ha respondido con el ya conocido argumento de que se colgó el anuncio en los tablones de edictos de los ayuntamientos.
A la pregunta del Sr. Pumares sobre lo sorprendente que resulta que el Ayuntamiento de Laviana, de su mismo signo político, haya reconocido que no se informó adecuadamente a los ciudadanos y vaya a requerir al Gobierno del Principado la revocación del permiso de investigación minera, la Consejera no respondió.
A la pregunta sobre cómo es posible que una empresa, Fuensanta, directamente afectada por este permiso tampoco fue informada y cuya actividad se verá en peligro, la Consejera no respondió.
Reprochó a la Consejera que siempre habla de Permiso de Investigación cuando de sobra sabe que una vez que la empresa acredita la existencia de recursos, no van a negar el permiso de explotación porque, incluso, podría ser objeto de demanda. La Consejera nuevamente repitió que solo se trata de un permiso de investigación y recitó el principio del artículo 44 de la Ley de minas, parándose, oportunamente, dónde dice “…. y a que, una vez definidos, se le otorgue la concesión de explotación de los mismos”
Adrián Pumares también definió a la empresa Asturmet Recursos SLU como un “chiringuito” con una capitalización inferior a 3.500 € cuyo objetivo es conseguir, como sea, que las autoridades les aprueben un permiso de explotación para luego venderlo a grandes empresas mineras con capacidad para abordar un proyecto de esta envergadura y esto patrocina la especulación. La Consejera afirmó que atendieron a esta empresa como a cualquier otra que llegue a la ventanilla, olvidando lamentablemente que la Ley de Minas en su artículo 95 dice que para la transmisión de un permiso de investigación, la autoridad competente deberá comprobar la solvencia técnica y económica del adquirente.
A la pregunta de si podría asegurar que esta empresa puede afrontar el pago de cualquier daño que puedan ocasionar, con perforaciones sobre el terreno, pruebas químico-físicas, daños en pistas y carreteras con maquinaria pesada, contaminación de acuíferos, daños a terceros, etc., la Consejera no respondió. Cabe indicar aquí que la garantía que la Consejería ha establecido para la recuperación medioambiental de las zonas afectadas asciende a 2.434€.
Ciertamente es tiempo de empezar a defender los intereses de los asturianos en lugar de defender los intereses de lobbies extranjeros de los que sabemos, por otras explotaciones, que van a crear poco empleo y que supondrán la destrucción del territorio, al verse negativamente afectadas la ganadería, la hostelería, el envasado de las aguas minero-medicinales, el turismo, etc. Conviene recordar aquí que Fuensanta tiene casi cincuenta empleos directos y otros indirectos derivados de la explotación y distribución, y que el permiso otorgado es, en gran parte, sobre los terrenos que Fuensanta tiene concedidos.
¡ SALVEMOS PEÑAMAYOR !
